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Es lucha política, no contra corrupción

Muchas veces se da por sabida la definición de una palabra y luego resulta que no todos coinciden con la misma. Así ocurre con la palabra corrupción.

La definición que ofrece el diccionario es: “Corrupción del latín corruptio,

1. Acción y efecto de corromper o corromperse.

2.-En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”

Transparencia Internacional, su nombre lo dice, se dedica al tema y ha asumido la corrupción como “abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad”.
Entre una y otra definición existen matices importantes. La Real Academia lo atribuye “utilización de las funciones… en provecho, …, de sus gestores”; colocando el ilícito en el corruptor y el corrupto.

En cambio, Transparencia Internacional la considera como “abuso de poder … que perjudica a todos y que depende de la integridad… de las personas en una posición de autoridad”.

Evidentemente, Transparencia Internacional desconoce la necesaria vigencia de un sistema jurídico para prevenir y sancionar, en cambio, pone el control a descansar en la integridad de una persona.

USAID, y su capítulo local, Participación Ciudadana, se monta sobre esas diferencias para politizar la lucha contra la corrupción atribuyéndosela solo a funcionarios, que en definitiva, son dirigentes políticos. Además, aquello de que “nos afecta a todos” pone a mirar hacia otro lado y no hacia el sector privado donde la corrupción es voraz porque se manifiesta en el seno del “capitalismo salvaje”.

Se distorsiona el significado de la lucha contra la corrupción y la impunidad, al orientarla hacia al debate político. USAID y sus capítulos locales, han desarrollado esa acción política contra los partidos y gobiernos progresistas de América Latina; se debe a que los partidos ganaban en las urnas. La lucha política pasó a ser judicializada.

Se aprovechó el momento de crisis política que produjo en los pueblos cuando decreció el PIB promedio de América Latina; bajó de 6.2 billones en el 2013 a 5.4 billones en el 2015; casi un billón.

Para precisar de que se trata, vale decir que la Academia de la Lengua define un billón en un millón de millones; en la lengua anglosajona es un trillón; para ellos el billón es mil millones y en nosotros es un millardo.

Ese decrecimiento económico viene produciendo crisis políticas en casi todos los países de América Latina, por aquello de que si la economía va mal, va mal la política.

Desde los gobiernos del PLD se ha expandido el gasto público, para dinamizar la economía, cargando el Estado con ese costo; esa política económica ha sostenido el crecimiento de la economía; eso ha hecho imposible sacar al PLD del poder.

A la acción política continental se le ha llamado “golpe de Estado blando”, siguiendo el “Guión de Brasil” o “Plan Atlanta”, esa búsqueda de golpe de Estado blando se inició en Brasil y ha seguido aquí y apenas empieza en Uruguay, Argentina, Ecuador y otros.

Siguiendo ese guión se ha planteado un sometimiento penal al Presidente. Es una temeridad, pero se debe dar respuesta consolidando la relación partido-gobierno y respetando los acuerdos internos.

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