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26 condados más le ofrecen ayuda a “La Migra” contra indocumentados

El DHS busca mayor colaboración de policías estatales y locales en temas migratorios.

La agencia de noticias no especificó cuáles son los otros condados, pero cuestionada al respecto, ICE no confirmó ni negó las solicitudes, pero afirmó que actualizará todos los acuerdos en la página oficial de ese programa.

“En general, ICE no confirma la información sobre los solicitantes del programa”, informó Sarah Rodriguez, portavoz de la dependencia. “Una vez que se aprueba y publica un acuerdo, puede encontrarlo en línea… junto con todos los demás acuerdos existentes”.

La portavoz compartió la liga de la página donde aún se mantienen los 60 condados en 18 estados que ya recibieron su entrenamiento y certificación. En total se ha capacitado a 1,822 oficiales estatales y locales para que puedan aplicar las leyes de inmigración.

“Las jurisdicciones interesadas presentan una solicitud. Esas solicitudes son revisadas y votadas por una junta de representantes de varias partes de la agencia”, explicó Rodríguez sobre el proceso. “El único modelo de 287g actualmente disponible es el modelo de cumplimiento de la cárcel, lo que significa que todo el proceso tiene lugar dentro de los confines de una cárcel”.

Esa precisión es importante, debido a que se creía que con estas acciones se “perseguía” a cualquier inmigrante, pero los lineamientos del programa no lo señalan así.

“El programa 287g permite a los oficiales locales capacitarse y ayudar en la entrevista y registros de verificación (de identidad de detenidos)”, agregó la portavoz a través de correo electrónico. “Todas las decisiones finales permanecen con ICE y cada programa es supervisado por un oficial de ICE”.

Sobre este programa, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) considera que, incluso con las restricciones, el programa 287(g) podría ser usado en cárceles para verificar la situación inmigratoria incluso de aquellos acusados de infracciones menores.

“La comunidad perderá la confianza en las fuerzas del orden”, auguró la abogada Rose Godinez, abogada de ACLU a Efe.

Con la información que obtienen los oficiales locales, datos biográficos y biométricos, se revisan las bases del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ubicar si esa persona está en el país como indocumentado y, en dado caso, iniciar un proceso de deportación.

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